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En
medio del general descrédito de la Justicia y de la
política en España, la institucionalización del jurado
parece más una labor estética que un compromiso profundo
de renovación ética.
Contra los habituales recortes presupuestarios en la
Administración de Justicia va a invertirse una ingente
cantidad de dinero en el funcionamiento de la nueva
institución del jurado. ¿Por qué? ¿En qué medida
puede el jurado paliar la grandes deficiencias de
la justicia en nuestro país?
Con
franqueza no lo sé, pero dudo mucho que esta nueva
institución pueda traernos mejora alguna en el
funcionamiento de la justicia, y no precisamente
porque su desarrollo actual sea óptimo.
Con
ella los procesos judiciales se harán, previsiblemente,
más lentos (si es que ello es posible) y costosos de lo
que ya son, sin que por ello sus resoluciones vayan a
ser más justas. No hay razón alguna que nos permita
suponer que la participación directa del ciudadano en el
aparato judicial implique una mayor "justicia", valga la
redundancia, de sus actuaciones (no olvidemos que fue un
jurado quien condenó a muerte a Sócrates); es
más, la mayor parte de las injusticias tan frecuentes en
los procedimientos judiciales, y que tanto indignan a la
ciudadanía, proceden de la estricta aplicación de la
ley; esto es, son inmanentes a la propia legislación,
cuando no a los propios hábitos procesales.
Por
último, tampoco es procedente decir que la institución
del jurado supone una democratización de la
justicia. Esta es una barbaridad fruto de lo que el
más ilustre filósofo español denominaba «morbo
democrático»; esto es, de la extrapolación de lo que es
un sistema político a todos los ámbitos de la vida. De
este modo, también podríamos democratizar la medicina,
la física nuclear o la recogida de basuras, haciendo
partícipes a todos los ciudadanos del ejercicio de estas
profesiones. No es que la Justicia sea
democrática (si es que esto es susceptible de alguna
inteligibilidad) lo que piden los ciudadanos, sino que
sea justa.
No,
la instauración del jurado no puede entenderse
por estos motivos, ni siquiera como mera imitación o
reflejo de lo que sucede en otros países (otras cosas
más saludables habríamos de imitar primero). Para dar
con razones convincentes de su institucionalización
habremos de retroceder a la división de poderes y
al inmortal Montesquieu, a quien el hasta entonces
vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, declaró
oficialmente "muerto"; quizá porque como Hobbes,
defensor del absolutismo, encuentre repugnante que el
gobierno esté sujeto a las leyes civiles o porque como
Locke, uno de los "padres" de la democracia moderna,
entienda que el poder judicial no debe ser un poder
independiente y, en todo caso, subordinado al
legislativo. Lástima, entonces, que no reconozca lo
añadido por éste a su Segundo ensayo sobre el
gobierno civil, quien, en una actualización del
ostracismo ateniense, atribuye al pueblo la potestad
de disolver la legislatura, si ésta es contraria a la
confianza que se depositó en ella.
Porque de eso se trata, de una pugna por el Poder,
y de que nada ni nadie limite o coarte el ejercicio del
mismo.
La
endémica lentitud, de caracol reumático, del
funcionamiento de la justicia es una salvaguardia
para el gobierno, quiéralo o no, en el ejercicio de su
poder autoritario sin limitación de los otros poderes
soberanos, al mismo tiempo que crea en los ciudadanos
una situación de indefensión, frente a los atropellos de
la administración.
«La
justicia es lo que conviene al más fuerte, al gobierno
establecido». La definición de Trasímaco cobra aquí
vigencia y actualidad. Veinticinco siglos después de la
República platónica nos vemos forzados a darle la
razón al sofista.
Desde Beccaria, a lo menos, sabemos que «cuanto más
pronta y más cercana al delito sea una pena, será más
justa y más útil», siendo este hecho «una de los
principales frenos del delito». Por qué entonces
permitir que la justicia española llegue a un
deterioro semejante, que la haga llegar a ser concebida,
en el sentir de muchos ciudadanos, como un "cachondeo"
(por supuesto, en esta opinión influyen otros muchos
aspectos que aquí no he tratado como son las sentencias
escandalosas o la gran variedad de "trucos legales" que
el sistema permite etc.).
¿Existe algún recóndito "interés" en la perpetuación de
la precariedad de la justicia? ¿O es que los
españoles somos tan delincuentes que no dan a vasto? ¿Se
trata quizá, como en el caso de la Sanidad o de la
Educación, de un mal endémico de nuestra propia
fisonomía nacional? Es difícil de determinar; en todo
caso, las actuales circunstancias, en las que se ciñe
sobre los políticos la sospecha de una corrupción
generalizada (en una progresiva italianización de la
política), da un toque trágico y de gravedad a la
práctica indefensión del ciudadano, y del pueblo en
general, ante los abusos del Poder.
Vivimos bajo el imperio de la política, que en
palabras de Ortega es el imperio de la mentira.
La falta de escrupulosidad ética en el comportamiento de
ya no pocos políticos ha deteriorado considerablemente
la imagen pública de este colectivo; aunque ésta parece
haber sido su imagen histórica, si atendemos a Spinoza,
la de ser unos hombres más hábiles que sabios, dedicados
a "trampear".
Tal
vez, más que una reforma de la Justicia, o
conjuntamente con ella, necesitamos perentoriamente un
cambio de la política (que no ha de confundirse con la
política del cambio y del cambiazo) y de las actitudes
de los políticos. Con tal objeto de que por fin sepan
ser representantes de la ciudadanía y no
meramente sus opresores, de que el denominado
"juego democrático" llegue a ser algo más, mucho más,
que la libre elección de amos que ahora es (por
utilizar una excelente expresión de Marcuse). En
definitiva, que la cultura del "pelotazo" y el
enriquecimiento fácil sea sustituida por otra de la
ética y la responsabilidad.
El
difunto y "defuncionado" Montesquieu ya nos lo advirtió:
«Cuando la virtud deja de existir, la ambición entra en
los corazones capaces de recibirla y la codicia se
apodera de todos los demás (...) en cuanto la virtud se
pierde, el tesoro público se convierte en patrimonio de
los particulares». Fueron todo una y la misma cosa
olvidarse de esto e irrumpir los casos "Juan Guerra",
"Naseiro", "Filesa", "Papel del BOE.", "San Sebastián de
los reyes", "Las sábanas de oro de RENFE", y
ahora, "Sobresueldos con cargo a los fondos
reservados" etc., a los que se podrían sumar todos
esos pequeños casos, que vemos cotidianamente en nuestro
entorno más inmediato.
Enrique Timón
1994
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